La Comisión Europea ha decidido emprender medidas judiciales contra España y otros Estados miembros por no haber incorporado adecuadamente a su ordenamiento nacional la legislación comunitaria sobre el vertido de residuos.La Directiva sobre esta materia regula el funcionamiento de los vertederos y constituye una medida fundamental para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los peligros potenciales de los residuos. La Directiva también contribuye a fomentar la valoración y el reciclado de residuos. En particular, prohíbe determinados tipos de residuos en los vertederos como, por ejemplo, los neumáticos usados, y dispone que los Estados miembros reduzcan para 2016 la cantidad de residuos biodegradables que vierten hasta un 35% respecto a los niveles de 1995.
Asimismo, España recibirá un primer apercibimiento escrito, invitándole a aplicar rápidamente la Directiva comunitaria sobre los vertederos en el conjunto de su territorio. En virtud de esta Directiva, los Estados miembros deben prevenir o atenuar los efectos negativos de los vertederos en el medio ambiente global.
Asimismo, España recibirá un primer apercibimiento escrito, invitándole a aplicar rápidamente la Directiva comunitaria sobre los vertederos en el conjunto de su territorio. En virtud de esta Directiva, los Estados miembros deben prevenir o atenuar los efectos negativos de los vertederos en el medio ambiente global.
En el Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006, las autoridades españolas informan de la existencia de cerca de 3.700 vertederos ilegales en España. La Comisión insta a las autoridades españolas a clausurar y descontaminar a la mayor brevedad estos vertederos ilegales, con objeto de que dejen de constituir una amenaza para el medio ambiente.
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